Artículo Científico
Space Scientific Journal of Multidisciplinary | Vol. 0
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Núm. 0
3
Julio
–
Septiembre
202
4
| ISSN:
3091
-
183
4
www.spacesjmultidisciplinary.omeditorial.com
Impacto de la corrupción en los procesos de
contratación pública
Impact of corruption in public procurement processes
Goyes
-
Guerrero, Tamia Camila
1
;
Calero
-
Campos, Estefanía de los Ángeles
2
;
Sánchez
-
Mazón, Sayda Raquel
3
;
Camacho
-
Medina, Byron Manuel
4
.
Recibido:
29
/
03
/20
24
Aceptado:
15
/
04
/20
24
Publicado:
31
/
0
7
/20
24
Cita:
Goyes
-
Guerrero, T. C., Calero
-
Campos, E. de los Ángeles, Sánchez
-
Mazón, S. R., &
Camacho
-
Medina, B. M. (2024). Impacto de la corrupción en los
procesos de contratación
pública.
Space Scientific Journal of Multidisciplinary
,
2
(3), 1
-
13.
https://doi.org/10.63618/omd/ssjm/v2/n3/31
Resumen
El presente estudio analiza el impacto sistémico de la corrupción en los procesos de
contratación pública mediante una revisión bibliográfica de investigaciones publicadas entre
2015 y 2024. A través de un
enfoque documental y comparativo, se examinan los principales
efectos de la corrupción sobre la eficiencia del gasto estatal, el aumento de costos
contractuales y la reducción en la calidad de los bienes y servicios adquiridos. Asimismo,
se identifican las
condiciones institucionales que facilitan estas prácticas, como marcos
normativos débiles, escasa transparencia, y mecanismos de control y sanción ineficaces.
Los hallazgos evidencian que la corrupción no solo representa una falla ética, sino que
configur
a un fenómeno estructural que compromete la legitimidad estatal y el desarrollo
sostenible. Se concluye que la superación de este problema requiere reformas integrales
orientadas al fortalecimiento legal, institucional y cultural en materia de integridad p
ública.
Palabras clave:
corrupción pública; contratación estatal; gobernanza institucional;
eficiencia del gasto; transparencia.
Abstract
This study analyzes the systemic impact of corruption in public procurement processes
through a literature review of research published between 2015 and 2024. Through a
documentary and comparative approach, we examine the main effects of corruption on the
efficiency of government spending, the increase in contractual costs and the reduction in the
quality of goods and services acquired. It also identifies the institutional conditions that
facilitate these practices, such as weak regulatory frameworks, lack
of transparency, and
ineffective control and sanction mechanisms. The findings show that corruption is not only
an ethical failure, but also a structural phenomenon that compromises the legitimacy of the
state and sustainable development. It is concluded t
hat overcoming this problem requires
comprehensive reforms aimed at strengthening the legal, institutional and cultural aspects
of public integrity.
Keywords:
public corruption; state contracting; institutional governance; expenditure
efficiency; transparency.
1
Investigador Independiente
;
Ecuador
,
Imbabura
;
https://orcid.org/0009
-
0005
-
4098
-
1696
;
camilagoyes97@gmail.com
2
Investigador Independiente
;
Ecuador
,
Ambato
;
https://orcid.org/0009
-
0002
-
2192
-
1506
;
estefaniacalero555@gmail.com
3
Investigador Independiente
;
Ecuador
,
Orellana
;
https://orcid.org/0009
-
0007
-
4529
-
6692
;
sayda.17@hotmail.com
4
Investigador Independiente
;
Ecuador
,
Orellana
;
https://orcid.org/0009
-
0001
-
1050
-
4726
;
byroncamacho51@gmail.com
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1. Introducción
La contratación pública representa una de las actividades económicas más
relevantes del
sector gubernamental, al constituir un canal clave para la adquisición
de bienes, servicios y obras que permiten satisfacer las necesidades colectivas. No
obstante, este proceso ha sido reiteradamente señalado como uno de los ámbitos
más vulnerables a la c
orrupción en numerosos países, tanto desarrollados como en
vías de desarrollo (OECD, 2016). La opacidad en los procedimientos, la
concentración de poder discrecional, la débil supervisión institucional y la falta de
transparencia en la gestión del gasto pú
blico contribuyen a que la contratación
pública sea susceptible a prácticas corruptas, las cuales afectan directamente la
eficiencia del Estado, la equidad en la distribución de los recursos y la confianza
ciudadana en las instituciones democráticas (Fazek
as & Tóth, 2016).
El problema de la corrupción en la contratación pública se manifiesta en múltiples
formas, tales como el direccionamiento de contratos, la manipulación de licitaciones,
los conflictos de interés no declarados, los sobornos y el favoritismo político. Estas
prácticas minan la competencia, aumentan los costos de los proyectos públicos y
reducen la calidad de los bienes y servicios entregados (Rose
-
Ackerman & Palifka,
2016). En contextos donde los sistemas de control interno y externo son débiles, y
donde la re
ndición de cuentas es limitada, estas dinámicas tienden a
institucionalizarse, configurando esquemas sistemáticos de captura de recursos
públicos por parte de redes clientelares o empresariales (Campos & Pradhan, 2007).
Diversos factores estructurales agravan la incidencia de la corrupción en la
contratación pública. Por un lado, las deficiencias normativas y la fragmentación
legal generan ambigüedad en la interpretación de las reglas, facilitando conductas
oportunistas p
or parte de los actores involucrados (OECD, 2016). Por otro lado, la
escasa profesionalización del personal encargado de los procesos de compras
gubernamentales, así como la insuficiente implementación de tecnologías para el
monitoreo en tiempo real de los
contratos, perpetúan una cultura organizacional
tolerante con la ilegalidad. Además, la débil participación de la sociedad civil y de
los medios de comunicación en el seguimiento a los procesos licitatorios limita el
escrutinio público, dificultando la de
tección oportuna de irregularidades (Mungiu
-
Pippidi, 2015).
El impacto de la corrupción en este ámbito es multifacético. En términos
económicos, se traduce en una asignación ineficiente de recursos públicos, con
sobrecostos que pueden oscilar entre el 10% y el 30% del valor total de los contratos
(World Bank, 2020)
. Socialmente, debilita la legitimidad del Estado, deteriora la
confianza en las instituciones públicas y acentúa la desigualdad al excluir a
empresas competidoras que operan conforme a la ley (Bosio et al., 202
2
). Desde
una perspectiva política, erosiona
la gobernabilidad democrática, pues el uso
discrecional del poder para favorecer intereses particulares mediante la contratación
pública refuerza prácticas clientelares y patrimonialistas (Johnston, 2005).
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Dada la gravedad y transversalidad del problema, resulta fundamental profundizar
en el estudio del impacto de la corrupción en los procesos de contratación pública,
mediante una revisión sistemática de la literatura científica reciente. Este abordaje
permi
tirá identificar patrones comunes, marcos explicativos y recomendaciones
basadas en evidencia para fortalecer la integridad del sistema de compras estatales.
Justamente, la realización de este artículo de revisión se justifica por la necesidad
de sintetiza
r los hallazgos empíricos disponibles en la literatura especializada, con
el fin de orientar futuras investigaciones, apoyar el diseño de políticas públicas más
eficaces y contribuir al debate académico sobre la gobernanza pública.
La viabilidad de este
trabajo radica en la existencia de una amplia base documental
que ha abordado, desde diversas disciplinas, la relación entre corrupción y
contratación pública. La creciente disponibilidad de bases de datos como Scopus y
Web of Science permite acceder a est
udios comparativos, informes técnicos y
análisis de casos que proporcionan un panorama comprensivo del fenómeno en
distintos contextos geográficos y políticos. Asimismo, el avance en metodologías de
evaluación de riesgos de corrupción en contratos públicos
—
como los indicadores
de integridad institucional y las auditorías de desempeño
—
ofrece un respaldo
empírico riguroso para fundamentar las discusiones académicas y normativas.
El objetivo principal de este artículo es analizar, a partir de una revisión exhaustiva
de la literatura científica indexada, el impacto de la corrupción en los procesos de
contratación pública, identificando sus principales causas, consecuencias y
propues
tas de mitigación. Para ello, se realizará un examen crítico de
investigaciones publicadas entre 2015 y 2024, con énfasis en estudios empíricos
que evalúen la eficacia de reformas institucionales, marcos regulatorios y
tecnologías anticorrupción implementa
das en diferentes países. Se espera que los
resultados de esta revisión contribuyan a enriquecer el conocimiento académico en
el campo de la gobernanza pública y orienten a los formuladores de políticas en el
fortalecimiento de mecanismos preventivos y de
control en los sistemas de
contratación gubernamental.
2. Materiales y Métodos
La contratación pública representa una de las actividades económicas más
relevantes del sector gubernamental, al constituir un canal clave para la adquisición
de bienes, servicios y obras que permiten satisfacer las necesidades colectivas. No
obstante, est
e proceso ha sido reiteradamente señalado como uno de los ámbitos
más vulnerables a la corrupción en numerosos países, tanto desarrollados como en
vías de desarrollo (OECD, 2016). La opacidad en los procedimientos, la
concentración de poder discrecional, l
a débil supervisión institucional y la falta de
transparencia en la gestión del gasto público contribuyen a que la contratación
pública sea susceptible a prácticas corruptas, las cuales afectan directamente la
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eficiencia del Estado, la equidad en la distribución de los recursos y la confianza
ciudadana en las instituciones democráticas (Fazekas & Tóth, 2016).
El problema de la corrupción en la contratación pública se manifiesta en múltiples
formas, tales como el direccionamiento de contratos, la manipulación de licitaciones,
los conflictos de interés no declarados, los sobornos y el favoritismo político. Estas
prácticas minan la competencia, aumentan los costos de los proyectos públicos y
reducen la calidad de los bienes y servicios entregados (Rose
-
Ackerman & Palifka,
2016). En contextos donde los sistemas de control interno y externo son débiles, y
donde la re
ndición de cuentas es limitada, estas dinámicas tienden a
institucionalizarse, configurando esquemas sistemáticos de captura de recursos
públicos por parte de redes clientelares o empresariales (Campos & Pradhan, 2007).
Diversos factores estructurales agravan la incidencia de la corrupción en la
contratación pública. Por un lado, las deficiencias normativas y la fragmentación
legal generan ambigüedad en la interpretación de las reglas, facilitando conductas
oportunistas p
or parte de los actores involucrados (OECD, 2016). Por otro lado, la
escasa profesionalización del personal encargado de los procesos de compras
gubernamentales, así como la insuficiente implementación de tecnologías para el
monitoreo en tiempo real de los
contratos, perpetúan una cultura organizacional
tolerante con la ilegalidad. Además, la débil participación de la sociedad civil y de
los medios de comunicación en el seguimiento a los procesos licitatorios limita el
escrutinio público, dificultando la de
tección oportuna de irregularidades (Mungiu
-
Pippidi, 2015).
El impacto de la corrupción en este ámbito es multifacético. En términos
económicos, se traduce en una asignación ineficiente de recursos públicos, con
sobrecostos que pueden oscilar entre el 10% y el 30% del valor total de los contratos
(World Bank, 2020)
. Socialmente, debilita la legitimidad del Estado, deteriora la
confianza en las instituciones públicas y acentúa la desigualdad al excluir a
empresas competidoras que operan conforme a la ley (Bosio et al., 202
2
). Desde
una perspectiva política, erosiona
la gobernabilidad democrática, pues el uso
discrecional del poder para favorecer intereses particulares mediante la contratación
pública refuerza prácticas clientelares y patrimonialistas (Johnston, 2005).
Dada la gravedad y transversalidad del problema, resulta fundamental profundizar
en el estudio del impacto de la corrupción en los procesos de contratación pública,
mediante una revisión sistemática de la literatura científica reciente. Este abordaje
permi
tirá identificar patrones comunes, marcos explicativos y recomendaciones
basadas en evidencia para fortalecer la integridad del sistema de compras estatales.
Justamente, la realización de este artículo de revisión se justifica por la necesidad
de sintetiza
r los hallazgos empíricos disponibles en la literatura especializada, con
el fin de orientar futuras investigaciones, apoyar el diseño de políticas públicas más
eficaces y contribuir al debate académico sobre la gobernanza pública.
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La viabilidad de este trabajo radica en la existencia de una amplia base documental
que ha abordado, desde diversas disciplinas, la relación entre corrupción y
contratación pública. La creciente disponibilidad de bases de datos como Scopus y
Web of Science
permite acceder a estudios comparativos, informes técnicos y
análisis de casos que proporcionan un panorama comprensivo del fenómeno en
distintos contextos geográficos y políticos. Asimismo, el avance en metodologías de
evaluación de riesgos de corrupción
en contratos públicos
—
como los indicadores
de integridad institucional y las auditorías de desempeño
—
ofrece un respaldo
empírico riguroso para fundamentar las discusiones académicas y normativas.
El objetivo principal de este artículo es analizar, a partir de una revisión exhaustiva
de la literatura científica indexada, el impacto de la corrupción en los procesos de
contratación pública, identificando sus principales causas, consecuencias y
propues
tas de mitigación. Para ello, se realizará un examen crítico de
investigaciones publicadas entre 2015 y 2024, con énfasis en estudios empíricos
que evalúen la eficacia de reformas institucionales, marcos regulatorios y
tecnologías anticorrupción implementa
das en diferentes países. Se espera que los
resultados de esta revisión contribuyan a enriquecer el conocimiento académico en
el campo de la gobernanza pública y orienten a los formuladores de políticas en el
fortalecimiento de mecanismos preventivos y de
control en los sistemas de
contratación gubernamental.
3. Resultados
3.
1. Efectos de la corrupción en la eficiencia y calidad de la contratación
pública
La corrupción en los procesos de contratación pública representa uno de los
desafíos más
significativos para la gobernanza estatal, al comprometer seriamente
la eficiencia en el uso de los recursos públicos y socavar la calidad de los bienes,
obras y servicios que el Estado provee a la ciudadanía. A nivel global, diversos
organismos multilater
ales y centros de investigación han documentado cómo las
prácticas corruptas en esta área generan impactos sistémicos que afectan no solo
las finanzas públicas, sino también la confianza institucional, la equidad en el acceso
a servicios y el desarrollo ec
onómico sostenible (Organisation for Economic Co
-
operation and Development [OECD], 2016; World Bank, 2020).
3.1.1 Aumento de costos y sobreprecios sistemáticos en los contratos
adjudicados
Uno de los efectos más visibles y recurrentes de la corrupción en la contratación
pública es el aumento artificial de los costos de los contratos, fenómeno que se
manifiesta tanto en fases iniciales
—
como la planificación y licitación
—
como en
etapas poste
riores, durante la ejecución contractual. Las prácticas corruptas pueden
incluir desde el pago de sobornos a funcionarios públicos para asegurar la
adjudicación de contratos, hasta la manipulación de los términos de referencia para
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favorecer a ciertos oferentes, la colusión entre empresas participantes o la
fragmentación deliberada de contratos para eludir procedimientos competitivos
(Rose
-
Ackerman & Palifka, 2016).
Este tipo de prácticas distorsiona los principios de eficiencia, competencia y
legalidad que deben regir las compras públicas. Según Bosio, Djankov, Glaeser y
Shleifer (202
2
), los sobrecostos derivados de la corrupción pueden representar
hasta el 30 % del valor total de un contrato, especialmente en sectores como
infraestructura, salud y defensa, donde los montos adjudicados son elevados y los
controles son más difíciles de a
plicar en tiempo real. Estos autores destacan que
los marcos normativos débiles y l
a discrecionalidad administrativa en los países con
baja calidad institucional propician escenarios donde la corrupción eleva los precios
finales pagados por el Estado sin justificación técnica ni económica.
El estudio de Fazekas y Tóth (2016), que analiza más de 100.000 contratos públicos
en Europa Central y del Este, demuestra empíricamente que los contratos
adjudicados en contextos de baja transparencia y escasa competencia presentan
sobreprecios estadístic
amente significativos. Dichos sobrecostos están
correlacionados con la concentración de adjudicaciones en pocas empresas,
procesos con un solo oferente y plazos inusualmente cortos para la presentación de
ofertas, todos ellos indicadores indirectos de corr
upción.
Por su parte, Tanzi y Davoodi (1997) advierten que la corrupción altera los patrones
de asignación del gasto público, promoviendo proyectos que ofrecen mayores
oportunidades de rentabilidad ilícita, en detrimento de inversiones más eficientes
pero menos su
sceptibles a la apropiación de rentas. Esto conduce a un fenómeno
conocido como “inversión ineficiente”, donde los fondos públicos se canalizan hacia
megaproyectos innecesarios o sobredimensionados, cuyo único propósito es
facilitar el desvío de recursos m
ediante contratos inflados o ficticios.
En América Latina, un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(Perry et al., 2006) señala que los países con mayor percepción de corrupción
registran una relación inversa entre el monto invertido y los resultados obtenidos en
términos d
e infraestructura física, lo cual evidencia una pérdida significativa de
eficiencia en el uso del gasto público.
3.
1.2 Reducción en la calidad y cumplimiento de los contratos ejecutados
La corrupción no solo eleva los costos, sino que también deteriora sustancialmente
la calidad de los bienes y servicios contratados, así como la fidelidad en el
cumplimiento de los términos contractuales. Cuando un contrato es adjudicado
como resultado de
prácticas corruptas, el proveedor se siente menos obligado a
cumplir con los estándares de calidad o plazos establecidos, ya que su permanencia
o éxito en el sistema de compras públicas no depende de su desempeño, sino de
su capacidad para mantener vínculo
s informales con funcionarios corruptos
(Mungiu
-
Pippidi, 2015).
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Este fenómeno ha sido documentado ampliamente en investigaciones empíricas.
Golden y Picci (2005), por ejemplo, evaluaron la relación entre la inversión pública
y la calidad de las infraestructuras mediante imágenes satelitales de carreteras
italianas. Los
resultados muestran que las regiones con mayores niveles de
corrupción tienen una infraestructura de peor calidad, pese a realizar inversiones de
magnitud similar a aquellas regiones menos corruptas. Este hallazgo confirma que
la corrupción distorsiona no
solo el valor monetario del contrato, sino también su
efectividad social.
A nivel sectorial, estudios del Banco Mundial han evidenciado que en obras públicas
—
como escuelas, hospitales o redes de saneamiento
—
los contratos afectados por
corrupción muestran una mayor frecuencia de incumplimientos, retrasos, uso de
materiales de b
aja calidad y ausencia de supervisión técnica efectiva (World Bank,
2020). Estos efectos no son meramente administrativos, sino que tienen
consecuencias directas sobre el bienestar social, pues los ciudadanos terminan
recibiendo servicios públicos deficien
tes, inadecuados o peligrosos.
Además, en contextos donde los órganos de control
carecen de independencia,
recursos o competencias técnicas, las deficiencias de calidad suelen quedar
impunes, consolidando un círculo vicioso en el que la corrupción se institucionaliza.
Esta falta de accountability debilita las estructuras de gobernanza,
desincentiva la
innovación en la gestión pública y desalienta la participación de empresas serias y
competitivas en los procesos de licitación, reduciendo así aún más la calidad
promedio del mercado de proveedores públicos (OECD, 2016).
Finalmente, cabe mencionar que la baja calidad también tiene implicancias
económicas de largo plazo. Obras públicas mal ejecutadas requieren frecuentes
mantenimientos, reparaciones o reemplazos prematuros, lo cual implica gastos
recurrentes para el erario
público. Esto genera un efecto multiplicador negativo
sobre la sostenibilidad fiscal del Estado y sobre la confianza del sector privado en
el sistema de contratación (Johnston, 2005).
3.
2. Condiciones institucionales que favorecen la corrupción en la
contratación pública
La corrupción en la contratación pública no es un fenómeno aislado ni producto
exclusivo de factores individuales o culturales, sino que responde en gran medida a
deficiencias estructurales en el diseño e implementación del marco institucional. En
particul
ar, las fallas normativas, la limitada transparencia en los procedimientos de
licitación, la ineficacia de los mecanismos de rendición de cuentas y la impunidad
generalizada configuran un entorno que facilita la apropiación indebida de recursos
públicos y
el desvío de los objetivos de la contratación estatal (Rose
-
Ackerman &
Palifka, 2016; World Bank, 2020). Estos factores institucionales no solo permiten la
proliferación de prácticas corruptas, sino que además las legitiman y normalizan
dentro del aparato
público.
3.
2.1 Débil regulación y escasa transparencia en los procesos de licitación
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Una de las condiciones más determinantes que favorecen la corrupción en los
procesos de contratación pública es la debilidad del marco regulatorio. Cuando las
normas son ambiguas, inconsistentes o contradictorias, los actores pueden
manipular los procedimi
entos para su beneficio, aprovechando vacíos legales o
interpretaciones flexibles. Además, la existencia de múltiples excepciones legales,
regímenes especiales o facultades discrecionales amplias otorgan a los
funcionarios públicos un poder excesivo que no
siempre está sujeto a contrapesos
adecuados (OECD, 2016).
Según el Índice de Contrataciones Públicas de la OECD, los países con
regulaciones más completas, estandarizadas y con menor discrecionalidad tienden
a tener niveles significativamente más bajos de riesgos de corrupción (OECD,
2016). En cambio, la fragment
ación normativa y la falta de uniformidad en los
procedimientos licitatorios contribuyen a reducir la competencia, pues las empresas
potencialmente interesadas enfrentan barreras de entrada, incertidumbre jurídica y
costos de transacción elevados (Bosio et
al., 202
2
).
La escasa transparencia es otro elemento crucial. En muchos países, los portales
de
contratación pública no publican la información completa ni actualizada sobre los
procesos licitatorios, los criterios de evaluación, las ofertas recibidas, ni el
seguimiento a la ejecución contractual. Esta falta de visibilidad impide el control
social, o
bstaculiza la participación ciudadana y limita el rol fiscalizador de la prensa
y la academia (Mungiu
-
Pippidi, 2015). Estudios como los de Bauhr y Nasiritousi
(2012) demuestran que la transparencia, cuando es sistemática y accesible, actúa
como una herrami
enta preventiva de la corrupción, al reducir las oportunidades de
manipulación y aumentar el riesgo de detección.
Además, en muchos casos, las plataformas digitales de contratación no están
interconectadas con otras bases de datos relevantes
—
como los registros de
proveedores sancionados, antecedentes fiscales o conflictos de interés
—
, lo que
limita su eficacia para i
dentificar irregularidades. La ausencia de interoperabilidad
tecnológica y de datos abiertos impide la trazabilidad del ciclo de vida contractual,
dificultando la detección temprana de prácticas corruptas (Perry et al., 2006; World
Bank, 2020).
3.
2.2 Falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y sanción
La impunidad es uno de los principales factores que perpetúan la corrupción en la
contratación pública. La falta de mecanismos eficaces de rendición de cuentas,
tanto interna como externa, crea un entorno donde los actos corruptos no tienen
consecuencias r
eales, lo cual reduce los incentivos para actuar con integridad. En
muchas jurisdicciones, los sistemas de control y auditoría están debilitados por la
falta de independencia, recursos humanos y técnicos insuficientes, y marcos legales
que restringen su ac
cionar (Johnston, 2005).
Los mecanismos de rendición de cuentas horizontal
—
como las contralorías
generales, tribunales de cuentas o auditorías superiores
—
a menudo carecen de
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autonomía política y financiera, lo que los convierte en actores vulnerables a
presiones o interferencias por parte de las mismas autoridades que deben fiscalizar.
De igual modo, los órganos de control interno en las instituciones contratantes
suelen tener
funciones más formales que sustantivas, actuando como instancias
procedimentales sin capacidad sancionadora (Arrowsmith, 201
4
).
En cuanto a la rendición de cuentas vertical, esta depende en gran medida de la
participación ciudadana, los medios de comunicación y el acceso a la justicia. Sin
embargo, en contextos donde no existe una cultura de denuncia o donde los
denunciantes no est
án protegidos, la ciudadanía no puede ejercer un rol activo de
vigilancia (Mungiu
-
Pippidi, 2015). A esto se suma la debilidad del sistema judicial,
que en muchos países presenta altos niveles de corrupción, lentitud procesal y
escasa especialización en del
itos de cuello blanco. Como resultado, los procesos
judiciales relacionados con corrupción en contratación pública concluyen en muy
pocos casos con sanciones efectivas, perpetuando la percepción de impunidad
(Transparency International, 2021).
La literatura también ha destacado la importancia de los sistemas de sanciones
administrativas eficaces, como la inhabilitación de empresas corruptas, la
imposición de multas proporcionales o la exclusión de proveedores reincidentes. No
obstante, estas med
idas suelen aplicarse de forma esporádica o selectiva, y muchas
veces están condicionadas por intereses políticos o económicos (OECD, 2016).
En síntesis, la combinación de regulación laxa, baja transparencia y sistemas de
rendición de cuentas débiles constituye un caldo de cultivo para la corrupción en la
contratación pública. Fortalecer las capacidades institucionales en estas áreas no
solo es
fundamental para prevenir actos corruptos, sino también para restablecer la
confianza pública en el Estado y mejorar la eficiencia del gasto gubernamental.
4. Discusión
La discusión de los hallazgos derivados de esta revisión bibliográfica permite
reflexionar críticamente sobre la manera en que la corrupción afecta
estructuralmente los procesos de contratación pública, no solo como una anomalía
ética o legal, sino como un
fenómeno sistémico anclado en debilidades
institucionales persistentes. La corrupción en la contratación no debe entenderse
únicamente como una transgresión individual, sino como una expresión de fallas
estructurales del aparato estatal que comprometen se
riamente la eficiencia, la
transparencia y la rendición de cuentas, pilares esenciales de la gobernanza pública
moderna
(Mungiu
-
Pippidi, 2015).
En primer lugar, los efectos de la corrupción sobre la eficiencia económica del gasto
público son particularmente graves. La adjudicación de contratos mediante
prácticas corruptas implica un uso subóptimo de los recursos estatales, generando
sobrecostos qu
e distorsionan los principios de competencia y eficiencia. Además de
limitar la cobertura de los servicios públicos, estos recursos desviados hacia
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contratos sobrevalorados afectan la equidad distributiva, al reducir la disponibilidad
presupuestaria para programas sociales o inversiones prioritarias. Esta situación
también conduce a una inversión ineficiente, en la que se priorizan proyectos que
ofrec
en mayores oportunidades de extracción ilícita de rentas en detrimento de
aquellos que tienen mayor impacto social o pertinencia técnica.
La corrupción también repercute negativamente en la calidad de los productos y
servicios adquiridos por el Estado. Los contratos que han sido adjudicados a través
de mecanismos irregulares tienden a registrar mayores niveles de incumplimiento,
deficiencias
técnicas y utilización de materiales de baja calidad. Esta disminución
en la calidad contractual no es un fenómeno marginal, sino una consecuencia
directa del quiebre de los incentivos para la eficiencia y del debilitamiento de los
mecanismos de fiscaliza
ción. La ciudadanía, en última instancia, es la principal
afectada al recibir servicios públicos costosos, deficientes o incluso inseguros, lo
que contribuye a un deterioro sostenido de la confianza institucional.
Por otra parte, las condiciones institucionales que permiten la proliferación de la
corrupción en la contratación pública son igual de determinantes que sus efectos.
La debilidad normativa, caracterizada por marcos legales fragmentados, ambiguos
o excesiva
mente permisivos, permite que los actores implicados operen dentro de
zonas grises legales. Esta ambigüedad normativa otorga un margen amplio de
discrecionalidad a los funcionarios responsables de los procesos licitatorios,
dificultando la trazabilidad y e
l control ex post de las decisiones adoptadas
(OECD,
2016).
A ello se suma una preocupante falta de transparencia en los procedimientos de
contratación. En muchos contextos, la información sobre licitaciones,
adjudicaciones, oferentes y ejecución contractual no está sistematizada ni
disponible públicamente, lo cual
impide el escrutinio ciudadano y limita la
participación de proveedores potenciales. La opacidad en estos procesos también
reduce la presión para actuar con integridad y dificulta la detección de
irregularidades por parte de organismos fiscalizadores, org
anizaciones de la
sociedad civil y medios de comunicación.
La debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas agrava aún más este
panorama. La mayoría de las instituciones encargadas de controlar y auditar los
contratos públicos carecen de independencia operativa, recursos técnicos
suficientes o autonomía fina
nciera, lo que disminuye su capacidad para actuar
eficazmente ante hechos de corrupción. En paralelo, el sistema judicial presenta
obstáculos como la lentitud procesal, la falta de especialización en delitos de cuello
blanco y, en muchos casos, la cooptaci
ón por intereses políticos o económicos. Todo
ello configura un entorno de impunidad donde los actos corruptos no tienen
consecuencias reales, lo que reduce drásticamente la disuasión y normaliza estas
prácticas dentro de la administración pública
(Mungiu
-
Pippidi, 2015).
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La inexistencia o ineficacia de mecanismos sancionadores, tanto en el ámbito
administrativo como penal, permite la repetición sistemática de conductas corruptas
por parte de los mismos actores. Las empresas involucradas rara vez son
excluidas
de futuras contrataciones, y los funcionarios implicados a menudo no enfrentan
procesos disciplinarios o judiciales proporcionales. Esta situación perpetúa un ciclo
vicioso donde la corrupción no solo persiste, sino que se institucionaliza
(Bosio et
al., 202
2
).
En este contexto, la corrupción en la contratación pública se presenta no como un
fenómeno accidental o aislado, sino como el resultado previsible de un entorno
institucional débil, opaco y carente de controles efectivos. Superar esta
problemática requiere
no solo intervenciones puntuales, sino una reforma
estructural orientada al fortalecimiento del marco legal, la modernización
tecnológica de los sistemas de contratación, la profesionalización del personal
público y el robustecimiento de las instituciones
fiscalizadoras y judiciales.
Asimismo, resulta crucial fomentar una cultura de integridad que promueva la
transparencia, la ética pública y la participación ciudadana como mecanismos
permanentes de control y prevención.
5.
Conclusiones
A partir del análisis integral realizado en esta revisión bibliográfica, se concluye que
la corrupción en los procesos de contratación pública constituye un fenómeno
estructural con efectos profundamente nocivos sobre la eficiencia del gasto estatal,
la ca
lidad de los bienes y servicios adquiridos y la legitimidad del aparato público.
La evidencia demuestra que los contratos adjudicados bajo prácticas corruptas no
solo presentan sobrecostos significativos, sino que además se ejecutan con niveles
alarmantes
de incumplimiento técnico, deficiencias constructivas y baja
funcionalidad, lo que representa una pérdida directa de valor público.
Estos efectos no pueden entenderse de forma aislada, sino como consecuencias
lógicas de un entramado institucional caracterizado por normativas débiles, marcos
regulatorios fragmentados, opacidad en los procedimientos de licitación y un
deficiente sistema
de control. La discrecionalidad excesiva de los funcionarios
públicos, la falta de transparencia en las plataformas contractuales, así como la
ineficacia de los mecanismos de rendición de cuentas y sanción, conforman un
ecosistema que no solo permite la co
rrupción, sino que la reproduce y normaliza
dentro de la gestión pública.
La persistencia de estos patrones revela la necesidad urgente de abordar la
corrupción desde una perspectiva sistémica, que no se limite a la penalización
individual, sino que apunte a transformar las condiciones estructurales que la hacen
posible. En este
sentido, el fortalecimiento institucional debe ser un objetivo
prioritario, articulando esfuerzos para mejorar la legislación, asegurar la trazabilidad
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de los contratos, profesionalizar al personal encargado de las compras públicas y
dotar de mayor independencia y capacidad técnica a los órganos de control.
Asimismo, se destaca la importancia de promover una cultura de integridad y de
ética pública, donde la transparencia no sea un valor declarado, sino una práctica
efectiva, sustentada en datos abiertos, participación ciudadana y vigilancia social.
Solo medi
ante estas transformaciones estructurales será posible reducir
significativamente los niveles de corrupción en la contratación pública y avanzar
hacia un modelo de gestión estatal más justo, eficiente y orientado al bien común.
Este estudio permite concluir que combatir la corrupción en la contratación pública
no es solo una exigencia ética, sino una condición necesaria para mejorar la calidad
del gasto público, aumentar la confianza ciudadana y consolidar un Estado más
eficaz, t
ransparente y democrático.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
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