1. Introducción
La seguridad jurídica se reconoce como uno de los principios esenciales del Estado
constitucional de derechos, al garantizar previsibilidad, estabilidad y confianza en
las relaciones jurídicas (Vargas-Morales, 2023). En Ecuador, su relevancia es aún
mayor al analizar los actos revestidos de fe pública, dado que la ciudadanía espera
que los documentos notariales y las inscripciones registrales no solo sean
auténticos, sino también plenamente eficaces frente a terceros (Villacres-López &
Pazmay-Pazmay, 2021). En este escenario, la función notarial junto a la función
registral actúa como pilares complementarios para la consolidación de derechos y
la protección de los intereses de la sociedad.
La fe pública, entendida como la atribución estatal que confiere presunción de
veracidad y autenticidad a determinados actos, constituye el eje transversal de este
estudio (Gutierrez-Cabas, 2022). Desde el ámbito notarial, el fedatario garantiza la
identidad de los otorgantes, la legalidad del acto y su formalización; mientras que
desde el ámbito registral, la publicidad dota de eficacia erga omnes a esos actos
(Vintimilla-Palacios, 2023). Esta dualidad es esencial para mantener la coherencia
del tráfico jurídico y constituye, en la práctica, una manifestación concreta del
derecho constitucional a la seguridad jurídica (Constitución de la República del
Ecuador, 2008 Art. 82).
El notariado ecuatoriano, conforme a su normativa, tiene la misión de conferir
certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento
público (Federación Ecuatoriana de Notarios [FEN], 2023). Sin embargo, la doctrina
reciente advierte que la efectividad de esta misión depende de factores como la
homogeneidad de criterios, la agilidad en la tramitación y la adaptación a entornos
digitales. En este sentido, López y Calle (2022) sostienen que la falta de uniformidad
en la práctica notarial puede debilitar la confianza en la formalización de contratos
y negocios jurídicos, lo cual plantea retos inmediatos en términos de calidad y
estandarización de servicios.
Por su parte, la función registral cumple un rol distinto, pero complementario, al
otorgar publicidad a los derechos inscritos y garantizar su oponibilidad frente a
terceros (Duchi-Jimbo et al., 2025). La Ley del Sistema Nacional de Registro de
Datos Públicos establece que su finalidad es “garantizar la seguridad jurídica
mediante la organización e interconexión de los registros públicos” (Ley del Sistema
Nacional de Registro de Datos Públicos, 2010). No obstante, investigaciones como
la de Fernández y Llumiquinga (2022) subrayan que los registros de propiedad en
Ecuador enfrentan limitaciones significativas relacionadas con la digitalización, la